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La inseguridad: Un problema que lleva años sin solución

El actual sistema de seguridad, basado en una estructura burocrática centralizada, que demostró ser ineficiente y, en muchos casos, ha profundizado los problemas en lugar de resolverlos. Es fundamental avanzar hacia un modelo descentralizado que permita a los municipios gestionar sus propias fuerzas de seguridad.


Inversión de los municipios, pero faltan recursos


En los últimos años, los municipios en el país asumieron un rol protagónico en la seguridad pública, respondiendo al colapso de las instituciones tradicionales y a las crecientes exigencias de la sociedad. Desde la década de 1990, se han creado áreas específicas para abordar esta problemática, destinando hasta el 10% de los presupuestos municipales a medidas como la instalación de cámaras de vigilancia, la incorporación de patrulleros, la creación de centros de monitoreo y la formación de cuerpos de seguridad urbana. Además, se implementaron mejoras en el entorno urbano, como el desmalezado y la optimización de la iluminación, con el objetivo de prevenir el delito de manera más efectiva.


Los jóvenes y la delincuencia


Un aspecto preocupante es el aumento de la participación de jóvenes en hechos delictivos a edades más tempranas. Esto resalta la necesidad de fortalecer las políticas de inclusión, educación y acceso al trabajo. Programas como "Comunidades Vulnerables" buscan reducir la reincidencia juvenil mediante educación y microemprendimientos, promoviendo oportunidades reales para alejar a los jóvenes de la delincuencia.


El fácil acceso a las drogas



El narcotráfico creció de manera alarmante, convirtiéndose en un problema estructural que afecta a todas las clases sociales. La facilidad con la que los jóvenes acceden a sustancias ilegales es preocupante: desde barrios vulnerables hasta sectores de mayor poder adquisitivo, la oferta de drogas es constante y diversa. La falta de controles efectivos, la corrupción en algunos sectores y la normalización del consumo entre adolescentes agravan una crisis que no solo impacta en la salud de los usuarios, sino que también alimenta la violencia y el delito. Mientras tanto, las políticas de prevención y tratamiento siguen siendo insuficientes, dejando a miles de familias desamparadas ante una problemática que crece día a día.


La mochila pesada que llevan los intendentes


A pesar de estos esfuerzos, los intendentes continúan siendo los principales receptores de reclamos ciudadanos en materia de seguridad. Son ellos quienes deben dar explicaciones cuando un delito afecta a una familia, un comerciante o un barrio entero. Sin embargo, a pesar de esta responsabilidad política y social, los municipios carecen de herramientas reales para afrontar la crisis de seguridad. La descentralización de las fuerzas de seguridad permitiría una gestión más eficiente y ajustada a las necesidades concretas de cada distrito, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la capacidad de prevención y resolución de delitos.


Despolitizar la seguridad


Otro aspecto relevante es la necesidad de despolitizar la seguridad. En un esquema centralizado, las decisiones suelen verse influenciadas por disputas partidarias que dificultan la implementación de estrategias efectivas. La autonomía municipal permitiría respuestas más rápidas y menos dependientes de los cambios de gestión a nivel provincial o nacional. Los intendentes deberían tener un rol más activo en la gestión de la seguridad local. Aunque actualmente esta no sea una competencia formal de los municipios, la realidad exige soluciones inmediatas. La inseguridad sigue en aumento, afectando a miles de ciudadanos. Mientras se discuten cambios estructurales, las comunidades siguen padeciendo las consecuencias de la violencia, el narcotráfico y la delincuencia.

 

Transferir mayores competencias en materia de seguridad a los municipios podría ser un paso fundamental para construir un sistema más eficiente, cercano a la ciudadanía y libre de intereses partidarios. Es necesario actuar con determinación para fortalecer la prevención del delito, garantizar respuestas rápidas y abordar las causas subyacentes de la inseguridad a través del empleo y la educación.