En una decisión trascendental y cargada de implicancias políticas, la Comisión Directiva de la Asociación del Personal de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (APV), resolvió apartar de su cargo al secretario general de dicho sindicato, Ángel Alberto Milazzotto, tras detectar serias irregularidades en los movimientos bancarios del gremio.

La medida fue adoptada durante una sesión extraordinaria en la sede gremial ubicada en la ciudad de La Plata, con la presencia del propio Milazzotto y el resto de los integrantes de la comisión. La resolución, que tendrá un carácter provisional por el término de 45 días hábiles, fue aprobada por una amplia mayoría.

La APV, que representa a los trabajadores de la casa central de la Dirección de Vialidad y a los agentes viales de las doce zonas del organismo provincial, enfrenta ahora un período de incertidumbre y reorganización interna.

Milazzotto, quien asumió en mayo de 2022, está acusado de gestionar de manera fraudulenta los bienes materiales y fondos bancarios del gremio. Se le imputa además el destrato y la toma de decisiones arbitrarias sin el respaldo de la comisión directiva.

Durante la reunión, se presentaron pruebas documentales e informáticas, que revelaron gastos personales por más de $800,000 en diciembre de 2023, destinados a los festejos de fin de año y vacaciones en Mar del Plata para Milazzotto y su familia.

Además, se descubrieron desembolsos a la cuenta de su esposa, Sandra Verónica Mattioli, por más de $400,000 en concepto de viáticos, y a la de su hijo por supuestos servicios prestados a la organización.

También se hallaron evidencias de la constitución de un fondo común de inversión sin informar a la comisión directiva, lo que fue calificado como una "grave inconducta" que perjudica los intereses y el prestigio del sindicato.

También estarían investigando a Ángel Alberto Milazzotto por enriquecimiento ilícito, ante la sospecha firme que indica que sería propietario de valiosas acciones en la Clínica del Oeste, principal centro asistencial de la salud privada en su ciudad, Pehuajó, así como de haber lucrado con el hotel 8 de Octubre, propiedad del sindicato en Mar del Plata.

Fuentes gremiales confirmaron que Milazzotto removió a dos contadores del sindicato que habían advertido sobre estas prácticas, lo que agravó aún más la situación. Ante este escenario, la APV está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia penal por abuso de autoridad, práctica desleal y violaciones estatutarias graves.

En respuesta a su apartamiento, Milazzotto defendió su gestión sin ofrecer explicaciones sobre los puntos específicos de las acusaciones. Ahora deberá reintegrar todos los bienes del gremio, incluyendo dos vehículos ubicados en Pehuajó, su ciudad de origen.

La controversia también involucra a su esposa, Sandra Verónica Mattioli, quien criticó públicamente al gobernador Axel Kicillof y al intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, acusándolos de persecución.

Mattioli, con antecedentes en el armado opositor de Juntos por el Cambio, fue candidata a concejal suplente en la lista de Patricia Bullrich en Pehuajó.

La situación de Milazzotto se agrava con las críticas que lanzó sin el aval de la comisión directiva, hacia el gobernador Kicillof por la no implementación de un decreto que permitiría el ingreso de Mattioli, su hija Antonella Milazzotto y su sobrino Ezequiel Bethouart a la Dirección Provincial de Vialidad.

Además, se le acusa de intervenir sin consentimiento en un expediente para la incorporación de hijos de trabajadores, frustrando sus ingresos al organismo.

Este escándalo pone en evidencia la fragilidad institucional y las tensiones políticas internas en la APV, marcando un punto crítico en la administración del gremio y su relación con el gobierno provincial.