¿Blanquearon la corrupción? Si pagás los impuestos, no te preguntan de dónde vino la plata
A días de presentar una demorada declaración jurada patrimonial y mientras persisten investigaciones y cuestionamientos sobre la evolución de sus bienes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron adherir al Régimen Simplificado de Ganancias creado por la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La decisión abrió una fuerte polémica política porque les permitirá regularizar su situación tributaria bajo un esquema que limita el alcance de los controles patrimoniales tradicionales.
La noticia cayó como una bomba en los despachos oficiales.
No porque la adhesión al régimen sea ilegal. Todo lo contrario. La herramienta fue creada precisamente por el propio gobierno de Javier Milei y aprobada por el Congreso mediante la Ley 27.799.
La decisión llegó cuando sobre Adorni pesan crecientes interrogantes respecto de la evolución de su patrimonio y a pocos días de la presentación de su declaración jurada.
Según registros oficiales de ARCA, tanto el jefe de Gabinete como su esposa solicitaron incorporarse al régimen conocido popularmente como “Inocencia Fiscal”, un mecanismo que permite tributar bajo una modalidad simplificada para el impuesto a las ganancias.
La medida fue celebrada desde el oficialismo como una revolución tributaria.
.png)
El propio Milei sostuvo que la ley busca proteger a los contribuyentes y evitar que el Estado persiga patrimonialmente a quienes regularicen activos o ingresos previamente no exteriorizados.
Sin embargo, la adhesión de uno de los funcionarios más importantes del gabinete nacional generó ruido incluso entre sectores que acompañan la filosofía económica libertaria.
Porque una cosa es el ciudadano común.
Otra muy distinta es una Persona Expuesta Políticamente.
La controversia gira alrededor de una pregunta sencilla: ¿debería un alto funcionario acogerse a un régimen que reduce las explicaciones sobre la evolución patrimonial cuando justamente ocupa una función pública sometida al escrutinio ciudadano?
La discusión ya atraviesa los pasillos del Congreso, despachos judiciales y mesas políticas de la oposición.
En el entorno de Adorni sostienen que la adhesión es perfectamente legal y que se trata de una decisión tributaria privada.
Del otro lado responden que la legalidad no necesariamente despeja las dudas políticas.
Y ahí aparece el verdadero nudo de la cuestión.
La ley que divide aguas
La llamada Ley de Inocencia Fiscal fue una de las iniciativas tributarias más ambiciosas impulsadas por la administración libertaria.
La normativa creó un régimen simplificado mediante el cual quienes adhieran tributan sobre ingresos declarados sin que el cálculo impositivo quede atado necesariamente a las variaciones patrimoniales tradicionales.
Para el Gobierno se trata de una herramienta destinada a terminar con décadas de informalidad y persecución fiscal.
Para sus críticos representa una vía de blanqueo encubierto.
La discusión no es nueva.
De hecho, cuando el proyecto fue debatido en el Congreso ya había despertado cuestionamientos sobre el alcance que tendría para empresarios, profesionales y funcionarios públicos.
La polémica explotó cuando quedó claro que la norma no excluía expresamente a las Personas Expuestas Políticamente.
Ese detalle hoy vuelve al centro de la escena.
Porque Adorni no es un contribuyente cualquiera.
Es uno de los hombres más poderosos de la administración nacional y la voz pública más visible del gobierno después del Presidente.
Patrimonio bajo observación
El trasfondo político se explica por otro factor.
Durante los últimos meses distintos medios nacionales publicaron investigaciones sobre movimientos patrimoniales, gastos, operaciones inmobiliarias y consumos atribuidos al entorno familiar del funcionario.
Entre los aspectos señalados aparecen adquisiciones inmobiliarias, remodelaciones, viajes y niveles de gasto que motivaron pedidos de explicaciones públicas por parte de sectores opositores.
Hasta el momento, Adorni rechazó las acusaciones y no existe una resolución judicial firme que determine irregularidades.
Pero las dudas persisten.
Y la decisión de adherir al régimen simplificado no hizo más que amplificar el debate.
En la rosca política nadie discute si puede hacerlo. La discusión pasa por si debía hacerlo.
La diferencia parece semántica.
No lo es.
Porque en materia de transparencia pública la vara suele ser distinta para quienes administran recursos del Estado.
En la oposición ya hablan de una contradicción entre el discurso oficial contra la casta y la utilización de una herramienta que limita futuras preguntas sobre la evolución patrimonial.
Mientras tanto, en el oficialismo responden que se trata de un intento de persecución política.
La pelea recién empieza.
El momento elegido
Existe otro dato que no pasó inadvertido.
La adhesión se conoció cuando todavía se espera la presentación definitiva de la declaración jurada patrimonial del funcionario.
Ese detalle alimentó especulaciones dentro y fuera del Gobierno.
En los corrillos parlamentarios algunos legisladores sostienen que la maniobra busca ordenar anticipadamente la situación fiscal del núcleo familiar antes de la exposición pública de los bienes declarados.
Desde la Casa Rosada rechazan esa interpretación.
Pero la cronología alimenta las suspicacias.
Y la política vive precisamente de esas percepciones.
El problema para el Gobierno no es jurídico. Es narrativo.
Durante meses la administración Milei construyó buena parte de su legitimidad sobre una promesa de ejemplaridad frente a los privilegios históricos de la dirigencia.
Por eso cada episodio vinculado a patrimonio, declaraciones juradas o transparencia adquiere una dimensión mucho mayor que la de un simple trámite impositivo.
Y en la política argentina, muchas veces, los capítulos más delicados empiezan justamente cuando alguien intenta cerrar una discusión.
