Lo que empezó como un reclamo por las condiciones de detención terminó en un episodio que sacudió a Ensenada y puso bajo la lupa a la Seccional 2ª. Tres policías fueron indagados por la Justicia acusados de aplicar brutales torturas a presos, y el caso ya generó un fuerte repudio en la comunidad.
El fiscal penal de La Plata, Gonzalo Petit Bosnic, imputó a Oscar Fabián Castillo, Sergio Aguilar y Facundo Carrasco Larrumbe por tratos crueles y degradantes contra personas privadas de libertad. Castillo y Aguilar permanecen detenidos, mientras que Carrasco Larrumbe sigue en libertad, ya que el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi consideró que su implicación aún debe corroborarse con pruebas más firmes.
Según la investigación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de octubre de 2024 en la Seccional 2ª, ubicada en Punta Lara. El operativo habría involucrado al jefe de la comisaría, su segundo, el encargado de calabozos y otros efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada. Todo comenzó cuando los detenidos reclamaron por las condiciones de encierro.
En ese momento, los uniformados habrían ingresado a los calabozos disparando postas de goma, lanzando gas lacrimógeno y usando chorros de agua a presión a corta distancia. Todo esto, según la denuncia, en medio de la oscuridad, tras cortarles la luz.
Una vez reducidos, los detenidos fueron obligados a pasar uno por uno hacia la celda de contraventores atravesando un “puente chino” formado por policías que los golpeaban con puños, patadas y elementos reglamentarios. Luego, habrían sido desnudados por la fuerza, atados con precintos y obligados a permanecer boca abajo.
El documento judicial detalla que, además de las agresiones físicas, sufrieron amenazas sexuales y se les exigió realizar conductas humillantes entre ellos.
Por este caso, ya hay otros tres policías detenidos. Todos los imputados también enfrentan cargos por falsificar un acta para encubrir lo ocurrido, presentando una versión oficial que no coincide con los testimonios de las víctimas.
El hecho encendió las alarmas en Ensenada y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el control y la transparencia en las fuerzas de seguridad. La investigación continúa y no se descartan nuevas imputaciones.
