En vísperas de la multitudinaria manifestación bajo el lema "En defensa de la universidad pública argentina", el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado anunciando la transferencia de poco más de $24.000 millones a las 65 universidades públicas para gastos operativos.

Este monto, designado como Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario, representa el 7,9% del presupuesto total destinado a estas instituciones.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias confirmaron que se ha depositado "el 100% de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales, con un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento, totalizando $10.075 millones".

El Ministerio, encabezado por Sandra Pettovello y bajo el cual se encuentra la Secretaría de Educación, llevó a cabo este anuncio tras una promesa realizada la semana pasada.

Sin embargo, hasta el día de ayer, estas transferencias no se habían reflejado en las cuentas de las universidades nacionales. Este movimiento de fondos busca responder al reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre el supuesto desfinanciamiento del sistema educativo superior público, aunque este organismo consideró que el aumento anunciado era insuficiente.

Además de los fondos para gastos operativos, desde Capital Humano informaron que se han transferido "la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, además de un refuerzo especial y extra para el Hospital de Clínicas, que implica casi $14.000 millones de pesos".

El programa de Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios, que representa el 1% del presupuesto total asignado al Desarrollo de la Educación Superior, también recibió un refuerzo especial. Este programa fue una de las dos partidas que se reforzaron ayer, con una transferencia de $11.812 millones destinada al Hospital de Clínicas y otros hospitales universitarios de la UBA.

El aumento de fondos anunciado por el Gobierno tiene como objetivo garantizar la continuidad de las clases y del segundo cuatrimestre académico. Sin embargo, se aclara que esto no impedirá la intención del gobierno de auditar y fiscalizar el gasto.

El comunicado oficial fue titulado "La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación". Además, se anunció que se sumará otro 70% adicional al ya consensuado con las autoridades del CIN, que será cancelado en la próxima cuota dentro de aproximadamente un mes.

Estos anuncios se produjeron mientras se llevaba a cabo una conferencia de prensa convocada por el CIN, donde se destacó la intención de visibilizar la difícil situación que atraviesan las instituciones universitarias.

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, expresó su descontento y afirmó que, a pesar de las declaraciones del Gobierno sobre un acuerdo, la realidad es que los docentes y no docentes siguen perdiendo poder adquisitivo y los rectores enfrentan aumentos desproporcionados en los gastos.

La crisis del financiamiento universitario tuvo su origen en la decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 para este año, sin tener en cuenta la inflación del año pasado y la acumulada en el primer trimestre del año en curso.

Esto ha llevado a una caída significativa en la ejecución presupuestaria universitaria, con asignaciones que no alcanzan para cubrir los aumentos salariales ni para sostener el funcionamiento de las instituciones.