Nosotras, las organizaciones firmantes, y miembros de la coalición #KeepItOn, expresamos nuestra preocupación por el reciente corte de internet y los servicios de telecomunicaciones móviles en la provincia de Annobón, Guinea Ecuatorial, en represalia por las protestas en la isla.
Desde el 20 de julio de 2024, el servicio móvil y el acceso a internet en Annobón han estado restringidos, dejando a los habitantes de la isla completamente incomunicados del resto del mundo. Esta medida se tomó tras informes sobre arrestos y confiscación de teléfonos móviles por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno, en respuesta a las protestas pacíficas de decenas de ciudadanos en San Antonio de Palé contra el impacto nocivo de las explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras en la isla. El 2 de agosto, el gobierno prohibió la venta y el uso de servicios y equipos de internet satelital no autorizados. El 5 de agosto, ordenó al proveedor de internet por satélite Starlink que suspendiera de inmediato sus servicios para todos los equipos presentes en el país y que solicitara una licencia.
Annobón es la más pequeña de las ocho provincias de Guinea Ecuatorial, y sus habitantes tienen una larga historia de marginación, explotación y violaciones a los derechos humanos. La isla es una zona de alta biodiversidad con una reserva natural protegida que está amenazada, en particular por el vertido masivo de desechos tóxicos en la isla y sus aguas circundantes.
No es la primera vez que el régimen de Guinea Ecuatorial ha cortado el acceso a internet. En el periodo previo a las elecciones legislativas y municipales de 2013, el gobierno bloqueó la red social Facebook en todo el país después de que se anunciaran protestas a favor de la democracia. Nuevamente, en noviembre de 2017, mientras que el país se preparaba para votar, el internet fue cortado durante al menos cinco días, restringiendo el acceso a la información y a un espacio crucial para el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación.
Las recientes protestas surgieron después de la detención de 16 personas que firmaron una carta dirigida al gobierno. En la carta, solicitaban el cese del uso de dinamitas, expresando su preocupación por el deterioro del ecosistema y del medio ambiente. Las autoridades respondieron inicialmente con arrestos y amenazas de abrir fuego contra los manifestantes. Testigos también informan que soldados golpearon a la población y dispararon hacia la multitud, resultando en numerosas personas heridas que no pudieron acceder a atención médica en la isla remota. Las fuerzas de seguridad han detenido al menos a 33 personas en todo el país en relación con las protestas.
Los cortes de internet dificultan la capacidad de la población para documentar y reportar abusos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades en períodos de agitación, como conflictos y protestas. Por lo tanto, permiten a los autores eludir su responsabilidad. También privan a los periodistas de su función de vigilancia al impedirles ofrecer una cobertura crucial, lo que crea peligrosos vacíos informativos y deja a las personas sin acceso a fuentes de información creíbles y verificables. Las acciones del gobierno han despojado a los habitantes de Annobón de un recurso vital durante esta crisis y sólo garantizan un terreno favorable a nuevos abusos contra los derechos humanos en la isla.
Restringir el acceso a internet, a teléfonos móviles y a plataformas de comunicación durante periodos de agitación, como conflictos y protestas, así como en momentos de importancia nacional, como las elecciones, incrementa el riesgo de represión para la población. Además, perjudica el disfrute de todos los demás derechos humanos, desde la educación y el trabajo hasta la sanidad y otros servicios públicos. También socava la libertad de expresión y de reunión pacífica garantizadas por los artículos 13 (b) y 13 (k) de la Constitución de Guinea Ecuatorial. En tiempos de crisis, las personas dependen de internet para mantenerse conectadas con sus seres queridos y acceder a información vital y oportuna, así como a servicios de emergencia que pueden salvarles la vida.
Guinea Ecuatorial es signataria de tratados regionales e internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que protegen y promueven los derechos a la libertad de opinión y de expresión, de reunión y de acceso a la información, tanto en línea como fuera de línea. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información en África 2019 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) también pide a los Estados que ni “practi[quen] ni toler[en] ninguna interrupción del acceso a internet y a otras tecnologías digitales para segmentos del público o para toda una población.” La Resolución de la CADHP de 2016 reconoce la “importancia de internet en la promoción de los derechos humanos y de los pueblos en África”, y “pide a los Estados Partes que respeten y adopten medidas legislativas y de otro tipo para garantizar, respetar y proteger el derecho de los ciudadanos a la libertad de información y expresión mediante el acceso a los servicios de internet.” Además, el Secretario General de la ONU y otros expertos han afirmado que “los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas consideran que los cortes de internet generalizados y el bloqueo y filtrado genérico de servicios violan la legislación internacional sobre derechos humanos.”
Según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, las empresas tienen la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos y deben tratar de “prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con [sus] operaciones, productos o servicios prestados.” Las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de internet que operan en Guinea Ecuatorial, incluidos GITGE, GETESA y Muni, tienen la responsabilidad de garantizar un acceso a internet y a herramientas de comunicación digital que sean fiables, abiertas y seguras para todas las personas, incluidos los residentes de Annobón.
