En julio de 2024, el régimen de Guinea Ecuatorial respondió con violencia a una petición formal del pueblo annobonés. La carta, firmada pacíficamente por habitantes de la isla, solicitaba al Estado que interviniera para detener el uso de dinamita por parte de la empresa SOMAGEC, que estaba destruyendo viviendas, contaminando el medio ambiente y afectando los cultivos de subsistencia.
Lejos de abrir un diálogo, el gobierno politizó la petición y respondió con redadas masivas contra sus firmantes. Al menos 42 personas fueron detenidas: 19 secuestradas en Annobón y el resto, ciudadanos annoboneses residentes en Malabo que habían intentado visitar a sus familiares y también fueron arrestados arbitrariamente. Entre los detenidos había cinco mujeres mayores, que fueron liberadas meses después, no sin antes ser obligadas a comparecer en la televisión estatal controlada por el régimen, donde, bajo coacción, se las forzó a contradecir públicamente la voluntad del pueblo y a elogiar al presidente Obiang como benefactor.
Durante casi un año, muchas de las personas detenidas permanecieron desaparecidas forzosamente, incomunicadas, sin acceso a abogados ni familiares. Algunas fueron encarceladas en Black Beach, otras en la cárcel de máxima seguridad ubicada en el interior de Río Muni, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
El 13 de junio de 2025, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo pública la Resolución 13/2025, declarando que la detención de los 37 annoboneses fue arbitraria, ilegal y discriminatoria. La ONU exigió su liberación inmediata, reparaciones económicas, investigación penal contra los responsables y la difusión pública del fallo.
El documento jurídico califica las violaciones bajo cuatro categorías del derecho internacional (I, II, III y V):
La resolución recuerda que las víctimas no cometieron ningún delito: solo firmaron un manifiesto pacífico para exigir el fin de las detonaciones en su territorio. El régimen respondió militarizando la isla, cortando las comunicaciones (internet y teléfono) y secuestrando a los firmantes y sus familias.
Aunque el dictamen fue adoptado en abril, el gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo evitó su notificación oficial, lo que le permitió fingir de forma anticipada una liberación encubierta como un “indulto” presidencial. Pero como es lógico, no se puede indultar a quien no ha sido juzgado ni condenado.
Se trató de una maniobra propagandística que no cumplió los términos del fallo y sirvió para prolongar el castigo colectivo. Tras su forzada comparecencia en televisión, los liberados fueron deportados en condiciones inhumanas a la isla de Annobón, donde muchos ni siquiera residían antes de ser secuestrados.
Allí sobreviven sin alimentos, sin medicamentos, sin hospitales ni comunicación con el exterior. El aislamiento continúa. El único barco del Estado que conecta con la isla no volverá a operar hasta dentro de uno o dos meses, impidiendo cualquier reencuentro con sus familiares.
“Llegaron raquíticos, devastados física y emocionalmente. No tienen ni calzoncillo que ponerse”, denunciaron familiares, y agregaron: “Sobreviven sin comida y bajo vigilancia constante”.
La deportación forzosa de los liberados a Annobón fue denunciada como una forma encubierta de castigo. El partido Convergencia para la Democracia Social (CPDS) declaró que el traslado viola el derecho a elegir libremente el lugar de residencia.
Por su parte, el Gobierno de la República de Annobón responsabilizó directamente al régimen de Obiang por la seguridad y salud de los liberados: “Si alguno muere, será crimen de Estado”.
La denuncia fue respaldada y visibilizada internacionalmente por la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), que ha seguido de cerca la situación del pueblo annobonés y ha contribuido a elevar su causa ante organismos internacionales. Su apoyo ha sido clave para internacionalizar las demandas de justicia y protección frente al régimen de Obiang.
La Resolución 13/2025 no solo exigió la liberación, reparación e investigación penal, sino que también advirtió que si el Estado no colabora, Naciones Unidas se reserva el derecho de intervenir. Mientras tanto, la isla sigue militarizada y reina la ley del silencio. El pueblo junto con los liberados forman parte de una sociedad que, estigmatizada por diferencias étnicas, sufre el miedo en una prisión a cielo abierto: Annobón.
Aitor Martínez Jiménez.
La denuncia que dio lugar a esta histórica resolución fue presentada por el abogado Aitor Martínez Jiménez y el Primer Ministro de la República de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, quienes ahora reclaman lo esencial: “Justicia. Reparación. Garantías de no repetición”.
Porque ningún pueblo debe ser castigado por defender su tierra.
Porque ningún régimen debe quedar impune cuando tortura y discrimina.
Porque la libertad no se negocia.
