Hace unos días se dio a conocer un conflicto en una guardería municipal de la ciudad de Berisso, cuando el concejal Antonio Ligari se presentó en el lugar y destrató a una trabajadora, lo que derivó en una denuncia por violencia de género.
El edil Antonio Ligari de manera violenta e inadecuada, se dirigió a una persona que presta servicios en el lugar mencionado, según data la denuncia presentada.
En ese marco, las repercusiones no tardaron en llegar, especialmente porque Antonio Ligari pertenece a una fuerza política que se declara en defensa de la igualdad de derechos y el repudio a la violencia contra las mujeres, mientras que en los hechos su actitud demuestra lo contrario.
Mientras el Concejo Deliberante se convierte en un espectáculo digno de un reality show, donde los protagonistas gritan, acusan y pactan a puertas cerradas, las trabajadoras siguen esperando justicia. Entre estrategias de confusión y discursos para la tribuna, el recinto se asemeja cada vez más a la casa de Gran Hermano: hay complots, votaciones dudosas y un guion donde las víctimas parecen ser las únicas sin voz.
La sesión especial sobre el caso Antonio Ligari, se vivió en un clima de alta tensión para debatir la situación del concejal. El encuentro estuvo marcado por discursos encendidos y una fuerte confrontación entre los ediles, donde cada voto resultó determinante para la resolución final.
Uno de los momentos más polémicos de la jornada se dio cuando un concejal expresó: “Debemos tratar de manera urgente este tema”. Durante el debate, se instó a los demás ediles a apoyar la modificación propuesta, advirtiendo que, de lo contrario, estarían avalando la violencia. En medio de la votación, se escucharon gritos de "No puedo creer que todavía siga estando sentado el violento", en clara referencia a Antonio Ligari. La discusión giró en torno a cuestiones de género y violencia laboral, lo que generó respuestas dispares entre los concejales y elevó aún más la tensión dentro del recinto.
Finalmente, se procedió a la votación de la resolución en cuestión. El resultado reflejó una marcada división dentro del cuerpo deliberativo: el oficialismo rechazó los proyectos y modificaciones propuestas, mientras que la oposición, en minoría, solo pudo manifestar su desacuerdo, evidenciando la grieta política en el debate.
Como consecuencia, la resolución fue archivada, lo que generó un fuerte repudio por parte de sectores que denunciaron la decisión como un aval a la violencia. Entre quienes votaron en contra de la medida se encuentran las concejalas Aldana Iovanovich, Marcela De Vera, Mariana Miño, Juana Murillo, Carla López Domínguez y Nadina Brizzi. Tras el cierre de la sesión, el clima de confrontación continuó, derivando en un encendido intercambio de acusaciones y gritos entre los presentes.
