La investigación judicial se centra en el accionar de la Dirección de Monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), acusada de "dilatar la implementación de arrestos domiciliarios por falta de informes técnicos y respuestas sobre la disponibilidad de tobilleras electrónicas". El caso que activó la denuncia involucra a Miguel Ángel Lucich, acusado de narcotráfico. Para la Justicia, las demoras revelan un patrón de funcionamiento discrecional que podría configurar "delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes".
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El juez Atencio también advirtió que este no sería un hecho aislado, sino parte de una práctica reiterada en el SPB. Señaló diferencias llamativas en los tiempos de respuesta según los casos, lo que podría evidenciar un "manejo arbitrario dentro del organismo". La causa sigue su curso con la intervención del fiscal Almirón, mientras se esperan medidas que podrían derivar en sanciones o cambios en la estructura del área implicada.
