Una creciente ola de reclamos y fricciones se registra por estos días en los consultorios médicos privados de la región, a raíz de la suba desregulada y la falta de un valor unificado en las prestaciones. La polémica gira en torno al denominado Bono de Ejercicio Profesional (BEP) —creado en 2023 por sociedades médicas de especialidades—, el cual se cobra de manera directa a los pacientes afiliados a distintas obras sociales y prepagas.
De acuerdo con el malestar expuesto por numerosos frentistas, la eliminación de los topes tarifarios provocó que el costo del arancel varíe drásticamente según el profesional, alcanzando en algunos casos cifras de hasta 35.000 pesos tanto para consultas como para prácticas ambulatorias. A este panorama de fuerte impacto al bolsillo se le suma otra de las grandes quejas recurrentes de los pacientes: en la gran mayoría de los establecimientos no se entregan comprobantes de pago ni facturas válidas, encendiendo las alarmas sobre la legalidad y transparencia de la modalidad de cobro implementada en el circuito sanitario local.
El origen de la medida: El Bono de Ejercicio Profesional (BEP) fue implementado por sociedades médicas de especialidades para afrontar los costos en consultorios privados.
La suba sin límites: Los pacientes denuncian que ya no existe un tope unificado y los valores llegan a trepar hasta los 35.000 pesos por atención.
El faltante clave: Una de las principales quejas de los afiliados apunta a que no se entregan comprobantes ni facturas por el dinero abonado.
El malestar generalizado: La situación genera máxima fricción entre los usuarios de obras sociales y prepagas que deben afrontar el pago extra de manera particular.
