En el inicio de su conferencia diaria en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la propuesta del gobierno nacional de crear una fiscalía especial dedicada a investigar la corrupción de funcionarios públicos.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sugerirá al procurador general Eduardo Casal la creación de esta fiscalía, que se centrará especialmente en casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados.

La fiscalía, de aprobarse, investigará a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, abarcando tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Este anuncio surge en medio de la controversia sobre la ley ómnibus presentada en el Congreso por el Gobierno de Javier Milei, con desacuerdos entre legisladores oficialistas y sectores de la oposición.

Adorni enfatizó que no hay negociaciones sobre el proyecto de ley y respondió a acusaciones de incumplimiento en las negociaciones. "El trámite legislativo tiene las particularidades de cualquier otro. No se presentó una ley de tamaña magnitud antes", afirmó, descartando elementos espurios en el proceso.

Además, el vocero se refirió despectivamente al paro y movilización convocados por la CGT en rechazo del DNU y la Ley Ómnibus. Destacó que "el paro tuvo un acatamiento bajo, con alrededor de 40 mil personas movilizadas, lo que representó solo el 0,19% de los trabajadores". Adorni consideró que el paro tuvo un carácter más político que laboral y señaló que refleja "espasmos de una casta sindical en retirada".