En medio de declaraciones polémicas por parte de líderes políticos, como la reciente afirmación de Milei sobre su intención de "destruir al Estado desde adentro", el gobierno nacional evalúa dar un paso más en esa dirección: profundizar el vaciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Durante los meses de marzo y abril, el Gobierno decidió cerrar cincuenta oficinas de atención al público de ANSES en diversas jurisdicciones del país, sobre todo en pueblos del interior. Esta medida afectó especialmente a aquellas localidades que se quedaron sin la única oficina de atención al público ubicada a menos de 50 kilómetros de distancia.

Estas Unidades de Atención Integral (UDAI) de ANSES brindaban la posibilidad de realizar una variedad de trámites, incluyendo la gestión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el salario familiar, la beca Progresar, la jubilación y otras prestaciones sociales.

Esta situación obliga a los ciudadanos a desplazarse hacia pueblos vecinos, recorriendo distancias superiores a los 100 kilómetros, para poder realizar trámites básicos, lo que fomenta la concentración y el colapso en la atención al público.

Ahora, se vislumbra una nueva ola de cierres de oficinas y despidos en ANSES, según un listado elaborado a pedido de Mariano De Los Heros, titular de la institución. Las regiones más afectadas por estos cierres serían la Provincia de Buenos Aires y el noroeste argentino, aunque también se incluyen dependencias en La Patagonia, el Litoral y la zona central del país.

Actualmente, la planta de trabajadores de ANSES alcanza los 13 mil puestos de trabajo, y se estima que el cierre de estas dependencias implicaría un recorte de más del 15% del personal, según estimaciones de los gremios.

Este movimiento ha generado preocupación entre los sindicatos, quienes ven en esta medida un paso más en el proceso de vaciamiento de ANSES. Temen que la intención detrás de estos cierres sea destinar los recursos de la seguridad social a otros fines, en lugar de garantizar el bienestar de los jubilados y beneficiarios de programas sociales.

"Constituye otro paso en la profundización del vaciamiento de la ANSES, con el objetivo de destinar la caja previsional a la que aportan los trabajadores todos los meses para pagar una deuda ilegítima y fraudulenta y subsidios a los empresarios", afirmaron fuentes de ATE a LPO.

Este movimiento también podría agravar la situación de los jubilados, al disminuir la cantidad de aportantes y afectar la ecuación entre trabajadores activos y pasivos, lo que podría traducirse en una reducción de los haberes jubilatorios.