Escándalo en Vialidad: millonario desvío entre 2017 y 2019 sacude el mapa político
Durante la gestión de Mauricio Macri, la Agencia Nacional de Seguridad Vial transfirió $1.314 millones a Vialidad Nacional para obras en las rutas 5, 7, 8, 22 y 34. Se esperaba instalación de líneas vibrosonoras, cartelería LED, tachas reflectivas y señalización inteligente.
Una auditoría comprobó que ninguna de las obras fue realizada, con hallazgos de materiales mal colocados o abandonados. Según la inspección, incluso tachas estaban depositadas en tambores de combustible y carteles incorrectamente instalados.
Luis Goldín, ex director jurídico de la Agencia, precisó que las empresas contratadas confirmaron que no ejecutaron los trabajos: “La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue”, sentenció.
Fiscalías y juzgados mantienen la causa paralizada desde hace cuatro años, pese a las denuncias formales por malversación.
El foco de la investigación recae sobre Javier Iguacel —ex administrador de Vialidad y ex ministro— y sobre Guillermo Dietrich, responsable del convenio. Se especula que el dinero se destinó parcialmente a la campaña de Iguacel como intendente de Capitán?Sarmiento.
Otro punto controvertido es la extensión irregular de contratos de peajes a través de Corredores Viales SA, vinculada a la familia Macri, que permitió la facturación de obras por más de $30.000 millones sin licitación pública.
Estos manejos fueron denunciados por el sindicato vial, y uno de los fallos de procesamiento acusa a Iguacel y Dietrich de "negociar a favor de las concesionarias”.
El diputado Rodolfo Tailhade presentó la denuncia por malversación, pero no hubo avances fiscales significativos.
A pesar de los señalamientos y la documentación producida, el juez Ercolini y el fiscal Pollicita mantienen la causa sin movimiento importante.
La demora judicial coincide con otros procesos: Iguacel fue procesado y embargado por extender concesiones sin licitación, imputado por negociaciones incompatibles y cuestionado por maniobras en peajes y facturación dudosa en Vialidad, con gastos en cursos de oratoria y bares que no existen.
Entre 2017 y 2019 desaparecieron más de $50 mil millones destinados a obras viales. Sospechan que financiaron la campaña de Javier Iguacel. La causa judicial está paralizada.
Desde el sindicato de Vialidad y legisladores opositores se advierte el riesgo sobre vidas humanas, al haberse caído obras de seguridad vial esenciales. Se calcula que de los fondos girados solo se rindieron $8 millones, y más de $1.300 millones permanecen sin destino claro.
Esto pone al descubierto la debilidad institucional, las contradicciones políticas y el desafío, en época de campaña, de cómo la justicia y los partidos enfrentarán un desvío de fondos públicos que puede definir votos.
El presunto desvío de más de $50 mil millones de obra pública para intereses electorales —si se confirma— sería uno de los mayores escándalos de corrupción en Vialidad.
La causa judicial frenada, el acusado convertido en intendente y empresario petrolero, y el silencio prolongado, generan una alerta política y social que amenaza con prolongarse a las elecciones provinciales y nacionales.
La pregunta es si se recuperará la integridad institucional o se cerrará el capítulo con promesas vacías.
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